Así, construimos en tiempo récord el mayor centro para presos que fueron condenados y deben cumplir penas por los crímenes cometidos.
Suena como si el gobierno de El Salvador dijera que el fin justifica los medios
No, eso podría ser algo que creen en la teoría de la conspiración.
Para nosotros no es que el fin justifique los medios. Declaramos la guerra contra las pandillas no solo porque era el derecho del Estado o del gobierno defender los derechos humanos de la población general, sino también porque es su deber y su responsabilidad hacerlo.
Y lo hicimos por la situación que heredamos de los dos últimos gobiernos, gobiernos del FMLN.
De 2009 a 2019, en 10 años, hubo 41.000 asesinatos. Esa cifra le da una idea de cómo estaba sufriendo nuestro país. 41.000 familias fueron afectadas porque les asesinaron un miembro, y no estoy contando los desaparecidos, los que fueron secuestrados, todas las niñas que fueron tomadas como esclavas sexuales para los jefes de las pandillas.
Esa era la situación. ¿Cómo lidias con eso? ¿Con guantes de seda, hablando con ellos? No. Tienes que usar el poder del gobierno, la fuerza, y crear el marco legal que te permita llevar a cabo esa guerra. Porque existen leyes para la guerra.
Quizá te son familiares los cuatro Convenios de Ginebra que regulan los conflictos internacionales. Tienen un artículo, el tercero, común a los cuatro, que se refiere a los conflictos internos. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Porque estamos en guerra. Y usamos el jus ad bellum, el derecho a declarar la guerra para proteger a tu población.
Tratamos de seguir todos estos principios del derecho internacional humanitario, adaptando a nuestro marco legal, empezando por la Constitución y el Código Penal, el Código Penal procesal, todas las disposiciones necesarias para cerrar todos los vacíos legales y evitar que los pandilleros y los malos los usen para escapar de la ley. Es un plan integral.
No es que el fin justifique los medios. Eso simplifica, trivializa un proyecto complejo para recuperar la paz y la armonía en las comunidades y liberar a nuestra población de las pandillas y de todo el sufrimiento al que han estado expuestas durante décadas.
Está usando el lenguaje de la guerra, de los conflictos armados. Pero lo cierto es que son muchos los factores que hicieron que muchos jóvenes abrazaran la vida de las pandillas: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades… ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en esos frentes, si es que está haciendo algo?
Estamos totalmente de acuerdo con tu enfoque y hemos identificado la raíz y las causas de esta situación: la pobreza, la exclusión y la marginalización de la juventud durante años.
No es nuestra culpa, la situación la heredamos. Viene de la era de la posguerra.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz, el partido de derecha Arena gobernó durante 20 años, y el llamado partido de izquierda FMLN durante 10. Fueron esos 30 años los que crearon estas condiciones y ahora nosotros estamos lidiando con esos efectos.
Es como si hubiera un incendio y preguntaras: ¿a qué se debió el fuego? A un cortocircuito del sistema eléctrico. Bien, tenemos que repararlo, pero antes debemos apagar las llamas.
Así que estamos lidiando con eso y, de forma paralela, estamos preparando la nueva sociedad, tratando de evitar que se pueda repetir la situación.
Tenemos un plan para evitar que los jóvenes y los niños ingresen a las pandillas y un programa que cubre a 900 mujeres que son esposas o parejas de alguien que está ahora en la cárcel y tienen hijos, patrocinado por USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y otras agencias de Naciones Unidas.
Y creamos los CUBO, los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, en las áreas más vulnerables que estaban bajo el control de las pandillas.
Luego hay una explicación más estructural, que tiene que ver con la concepción de la economía y de la sociedad, con diseñar la manera en la que ves tu país.
Tras la guerra civil, durante sus gobiernos de derecha, Arena abandonó la industria agrícola. Muchas de las fábricas, toda la producción, las plantaciones de café se vinieron abajo. Y esa gente (que trabajaba en esa industria) se vino a las ciudades o se fue a Estados Unidos.
Fue una de las mayores olas de migración forzada, porque no había nada que hacer en esas áreas rurales, la juventud no tenía oportunidades ni para trabajar ni para estudiar. Ese fue el modelo que crearon.
Ahora nosotros estamos implementando un gran plan de recuperación de la industria agrícola, con un fondo fiduciario de US$12.000 millones para recuperar todas las plantaciones de café y crear trabajos en el área.
Nuestra visión y objetivo es crear oportunidades en las áreas rurales, recuperar nuestra industria agrícola y que la gente se quede, que no necesite emigrar a EE.UU.
Así que estamos lidiando con la migración forzada, con la pobreza en las comunidades y con la violencia, porque estamos capturando a todos los pandilleros que estaban en las áreas rurales.
¿Qué herramientas ofrece el Estado salvadoreño a quien ha sido injustamente detenido para que pueda salir de esa situación? Varias organizaciones de derechos humanos, periodistas e incluso familiares que han hablado con nosotros aseguran que hay mucha gente que no tiene forma de hacerse oír, que está kafkianamente atrapada en prisión y no debería estar ahí
Entiendo a los familiares de los detenidos, porque probablemente hay dos razones por las que claman lo que claman.
La primera, la más factible, es que no sabían lo que los chicos estaban haciendo; normalmente la familia es la última en enterarse de lo que los muchachos hacen fuera de la casa. Y la segunda, porque son conscientes de que los muchachos o familiares son pandilleros pero quieren que los dejen libres.
Ha habido madres, esposas o hijas que han venido y han dicho: “Mi padre, mi hijo, mi marido fue obligado a formar parte de la pandilla. Sí, era pandillero, pero fue obligado a ello y merece una segunda oportunidad”.
Eso es algo a lo que llegaremos luego, pero ahora está acusado y tiene una causa legal por la que fue capturado y apresado, porque ha habido algunas enmiendas al marco legal en el Código Penal procesal. Los jueces han recibido instrumentos para aplicar esta nueva legislación.
Más de 3.000 personas han sido liberadas una vez se ha probado que no pertenecen a las pandillas.
¿Y cómo se prueba? Necesitan una lista de documentos.
Primero, deben acudir a la Policía Nacional Civil (PNC) por un documento que demuestre que no tienen ningún antecedente policial.
Segundo, tienen que trabajar en un historial que muestre cómo viven en sus comunidades, testigos.
Esto lo manejan sus abogados. Tienen a un abogado que los represente, pero una vez estén en manos de los jueces, después de esos 15 días (de detención preventiva).
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Más de 3.000 personas han sido liberadas una vez se ha probado que no pertenecen a las pandillas”Félix Ulloa
Vicepresidente de El Salvador
Pero hay gente que asegura que no ha podido ver a su familia en todo el año que lleva en vigor el estado de excepción, que no les han podido explicar lo que deben hacer para poder salir, que simplemente los han metido ahí y dejado que se pudran
¿Quién hizo eso? ¿Quién les prohibió ver a sus familias? No lo sabes. Yo tampoco. Entonces, ¿es verdad o no?
No deberías dejarte impresionar por una cara de encogimiento, por alguien que viene a ti y se queja. No lo des por sentado y verifica.
¿Por qué no vas y hablas con el director del sistema penitenciario, le dices que tienes un caso, que una madre vino y te contó que su hijo está en prisión desde tal día y que no ha podido verlo en seis meses, y le preguntas qué es lo que pasa?
Entonces, ¿cree que esos casos son o muy muy escasos o que las familias simplemente no están diciendo la verdad?
Podrían ser ambos. Podría haber unos pocos casos, no lo dudo. Pero cuando hemos sido consciente de alguna situación, hemos tratado de corregirla.
Somos conscientes de que ha habido abusos por parte de las fuerzas del orden, policías o militares, que han excedido los protocolos, porque hay un protocolo para las capturas. Y hemos abierto una oficina para recibir quejas de casos y al menos 14 miembros de las fuerzas del orden han sido procesados por errores o violaciones de derechos humanos.
Eso es algo que puede ocurrir, pero no es lo mismo una actitud personal que una política del gobierno. Y esa, definitivamente, no es una política del gobierno.
Al contrario, el presidente y el gabinete de seguridad han aprobado un protocolo de cómo proceder ante la notificación de que en cierta área vive un pandillero o hay una estructura de la pandilla.
¿Está muy orgulloso de esta política?
Parece que estamos haciendo un buen trabajo, porque los proveímos con las condiciones para hacerlo. Y eso es algo que nadie recuerda, que nadie remarca: cómo recibimos a la Policía.
Era una corporación sin los medios suficientes para lidiar con la violencia. Eran policías con tres balas en sus pistolas, con carros que no arrancaban, sin chalecos antibalas, sin sistema de comunicación. Tuvimos que compensar los salarios, porque estaban mal pagados.
Esas condiciones desalentaban el combate de la criminalidad.
Ahora sienten que tienen los recursos, están bien equipados, cuentan con radio, vehículos apropiados para ir a áreas rurales y difíciles. Se sienten orgullosos de eso y nosotros también de ellos, de su desarrollo y su comportamiento.
Ningún trabajo humano es perfecto, pero como dije, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Estamos haciendo lo bueno, lo mejor, y es apreciado por la población. Las únicas quejas que recibimos vienen de pequeñas élites políticas, un pequeño grupo de la oposición, y de ONG que se hacen eco de lo que dicen.
Pero no solo son ONG o periodistas, la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos ha acusado a dos miembros de alto rango de su gobierno de negociar con las pandillas, al viceministro de Justicia y director general de Centros Penales Osiris Luna Meza y al director de Reconstrucción del Tejido Social Carlos Marroquín a cambio de beneficios. ¿Su gobierno aún mantiene que no hubo negociación?
Sí, 100%. No hay, no hubo y no habrá ninguna negociación con las pandillas.
No digo que el fiscal general de EE.UU. esté mintiendo. Probablemente tenga alguna información, porque esos dos funcionarios, por la naturaleza de sus trabajos, tuvieron que lidiar con las pandillas.
El director general de Centros Penales está diariamente en contacto con las pandillas en las prisiones, con los presos. Y el director de Reconstrucción del Tejido Social también está en una posición en la que debe tener alguna interacción.
Pero incluso si hubo algún intercambio o trato o algo, negociar con las pandillas no es una política del gobierno.
¿Pero es posible que lo hicieran?
Es posible. Y no puedo poner en duda lo que dijo el fiscal general de EE.UU., pero lo que me gustaría saber es si él verificó esa información y con quién.
Porque si dio por sentado lo que le fue dicho por una ONG o por la información publicada por un medio digital, esa es una evidencia demasiado ligera. Si eres miembro de una oficina del fiscal de distrito y representas la Justicia en ese país, EE.UU., es tu obligación verificar la información.
Quisiera saber si llamó a esos dos funcionarios para contrastar con ellos si es verdad o no que lo hicieron, por qué lo hicieron, los términos de la negociación, qué lograron, qué dieron, y también si tenían órdenes superiores de ha
Source:BBC